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Ecuador: Leyes y cambios regulatorios para emprendedores y Startups

Artículo presentado por la firma de auditores y consultores empresariales Auditoría Corporativa y Fiscal Corporativa. Miembro de Allinial Global
Diego Zambrano – contacto: dzambrano@taxcorporate.org

La ley de emprendimiento y los cambios regulatorios en 2020 corresponden a la creación y gestión de empresas en diversas industrias en Ecuador. Los detalles de los cambios vigentes hasta 2021 que llevaron a resultados palpables se muestran a continuación:

Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación

El Suplemento del Boletín Oficial No. 151, publicado el viernes 28 de febrero de 2020, se centró en la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación. Un breve resumen de los principales aspectos que aborda la norma incluye:

Creación de Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS):

Empresas de Beneficio e Interés Colectivo

Al momento de adoptar la condición de empresa de beneficio e interés colectivo, una empresa está obligada a generar un impacto material positivo en la sociedad y el medio ambiente, donde se presenta un informe anual de gestión. Se brinda la definición de emprendedor y se establecen las entidades gubernamentales para difundir los procedimientos y tarifas aplicables a los emprendedores. Se dispone para desarrollar modalidades laborales y contractuales a ser implementadas en el trabajo emprendedor, incluyendo tiempo parcial, beneficios legales y otros. Se establecen marcos regulatorios para el crowfunding y otras plataformas en sus diferentes productos, tales como donaciones, pre-compra, inversión en acciones, financiamiento reembolsable.

Las sociedades limitadas pueden subsistir con un solo accionista.

La sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada pueden subsistir con un solo accionista / socio. Para su constitución deben participar al menos dos partes contratantes. La existencia de la figura del comisario pasa a ser opcional. De acuerdo con las disposiciones de los estatutos, las sociedades anónimas pueden tener o no comisionados como órgano de control. Una empresa incurrirá en causa de disolución por pérdidas, cuando estas representen el 60% o más del patrimonio y que esta situación se mantenga por más de 5 años continuos. En las sociedades cuyos estatutos establezcan la existencia de un Consejo de Administración, el Representante Legal de la sociedad no podrá ser presidente ni representante de ese órgano colegiado. Se permite que los estados financieros presentados ante la autoridad tributaria no se presenten ante la Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros.

Se permite la celebración de juntas generales a través de medios telemáticos.

Se permite realizar ampliaciones de capital bajo la figura de compensación de créditos, derechos de atribución y absorción de pérdidas. Cuando una empresa registra pérdidas operacionales y tiene reservas, estas serán llamadas a ser eliminadas automáticamente.

La disolución voluntaria y anticipada no requiere autorización previa de la Superintendencia de Sociedades, Valores y Seguros. Por tanto, se permite la inscripción directa de ese acto social en el Registro Mercantil para el inicio de la liquidación que será supervisada por el órgano de control. El cambio de nombre, cambio de domicilio y modificación del plazo social tampoco requieren autorización previa.

Menos del 50% de los instrumentos propuestos por el reglamento para promover la creación de empresas en el país están operativos. La Ley definió la creación de nuevos tipos de crédito, empresas entre otros, pero solo este último ha sido efectivamente ejecutado con la creación de firmas a través de Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS).

De mayo de 2020 a febrero se registraron más de 5.000 empresas de este tipo. Otro beneficio que plantea la norma es generar un contrato de trabajo que implica menores costos para los emprendedores, este tipo de instrumento se generó el año pasado a través de nuevas modalidades de trabajo con duraciones de solo un año, con la cancelación del desalojo.